El Gobierno nacional deberá presentar este viernes ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York una oferta a los bonistas para reestructurar la deuda argentina en default, con la esperanza de que sea aceptada y culmine así el largo juicio que los fondos buitre sostienen contra el país. 

Ámbito Financiero anticipó que la propuesta incluye la emisión de un bono Par (sin quita) con vencimiento en el año 2038. El estudio que representa al país, el Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton (CGSH) tiene previsto acercar el ofrecimiento definitivo por la tarde.

Desde el entorno del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, indicaron a la agencia oficial Télam que la oferta «será beneficiosa para el país desde el punto de vista que no se le pagará a los fondos buitre una oferta mejor que al resto de los acreedores». La postura oficial se remite a que mantendrá la consigna de que respetará el «tratamiento igualitario» a los acreedores, que no necesariamente significa igual pago a todos.

La presentación de la propuesta no garantiza la aceptación de la misma. La Corte puede aceptarla sin cuestionar, solicitar un ajuste o directamente rechazarla. El tribunal resolverá sólo con los votos de los jueces Daniel Barrington Parker, Rosemary Pooler y Reena Raggi. Se espera luego un fallo rápido, probablemente en menos de 10 días corridos, pero que no impida el pago del vencimiento de intereses del Boden 15 del próximo 31 de marzo de unos u$s 250 millones. Nuevamente, la Argentina evitará el default técnico.

Ámbito Financiero reveló que en las últimas horas se conoció una ayuda extra e importante que recibió el país, y que busca reforzar la posición argentina en la Cámara del segundo distrito de Nueva York. El Bank of New York Mellon (BONY) nuevamente se comunicó con el tribunal para reforzar su posición expuesta ante los tres jueces en la audiencia del 27 de febrero pasado, donde defendió la posibilidad de reabrir el canje y pidió que se le permita una instancia negociadora con los acreedores que no aceptaron ingresar en los llamados de 2005 y 2010 y que aún litigan en los tribunales de Nueva York. Se sabe que los fondos buitre rechazarán cualquier presentación para un nuevo canje, pero la intención es que la Cámara permita una negociación con los aproximadamente u$s 3.000 millones que aún están en manos de holdouts y que quizá puedan aceptar la oferta del nuevo bono Par. Si esto ocurre, más del 95% de la deuda argentina caída en default en 2002 habrá ingresado en proceso de reestructuración y habrá terminado el capítulo más difícil de la historia económica argentina en el rubro deuda externa.

Lo que hizo el BONY en las últimas horas fue comunicarse con el estudio CGSH para informarle que reforzó su posición ante la Cámara a horas de la presentación de la oferta de canje argentino, para reiterarle lo importante que es que no se mantenga el fallo de primera instancia de noviembre pasado del juez Thomas Griesa que obligaba a la Argentina a pagar unos u$s 1.400 millones al contado a los fondos buitre. 

En el equipo económico argentino hay optimismo, además, ante una eventual apelación, en el caso de que el fallo de segunda instancia sea negativo y se rechace la oferta para reabrir el canje. Esto es apelar ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Para esto se intentará fortalecer los contactos directos con Martin y el BONY, donde estará la clave para que el máximo tribunal de ese país acepte el caso argentino.

Si el fallo es negativo, el país podrá recurrir a esta instancia, explicaron los abogados, según se determine la responsabilidad de la entidad como agente financiero que ejecuta los pagos de la deuda argentina. Si éste es encontrado por la Corte responsable directo de garantizar que el dinero que se deposite para pagar la deuda corriente argentina se comparta con los holdouts (tal como había ordenado en su fallo de primera instancia Thomas Griesa), paradójicamente sería una garantía para la Argentina. Sucede que si esto ocurre, estarían afectados los derechos federales de esta entidad financiera al convertirse en corresponsable penal del cumplimiento de un pago que el país ya sabe que no hará. Lo convertiría en culpable de un delito federal. Ante esta circunstancia, el banco tendría derecho a recurrir a la Corte, y la Argentina llevaría así el caso hasta el máximo tribunal. Sucede que en esa instancia sólo se aceptan no más de 25 o 30 casos anuales, y el juicio contra los fondos buitre debería ser uno de ellos. La buena noticia es que hay antecedentes positivos, tanto para la aceptación como para obtener un resultado favorable. El 25 de junio del año pasado, la Corte de los Estados Unidos rechazó un pedido de 2005 de los fondos buitre por u$s 106 millones.

 

 

 

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