“Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”, dispone el artículo 41 del Código Penal desde que se sancionó la ley antiterrorista. Es una de los instrumentos que estudia implementar el Gobierno para obligar a los productores agrícolas a vender soja para que ingresen dólares al país.

Así informaron a El Cronista fuentes con acceso a despachos oficiales. La ley antiterrorista fue votada a fines de 2011 para cumplir con la normativa requerida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el G-20. Hasta el momento, el Ejecutivo la implementó para congelar activos de represores perseguidos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Pero el texto de la ley comenzó a circular por la Casa Rosada como alternativa para presionar al ruralismo a vender la soja.

“No vamos a vender soja desde marzo. Que se acumulen 100 barcos en el puerto y vamos a ver como le va a la economía”, advirtió el presidente de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, a mediados de febrero. Se refería a la campaña actual, que ya empezó a cosecharse y que tendrá su epicentro de ventas entre abril y junio. Según estimaciones del Estudio Bein, la soja debería generar exportaciones por unos u$s 25.600 millones, que a su vez dejarían en el fisco u$s 8.960 en concepto de retenciones. La pelea, claro está, no es por el impuesto, sino por los dólares. De hecho, el Ejecutivo sostiene que existe soja por entre u$s 3.000 millones y u$s 5.000 millones de la campaña pasada en silobolsas, algo que los dirigentes rurales niegan.

En este escenario, la ley antiterrorista es una de las alternativas que comenzó a barajar la presidenta Cristina Fernández para hacerse de los dólares. No es una herramienta del agrado del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, históricamente enfrentado con José Sbattella, el titular de la UIF. Fue Sbattella el que justificó varias veces el potencial uso de la ley antiterrorista contra quienes “atenten” contra el orden económico. La ley “deja abierto que se graban con la pena que se caracteriza como terrorismo la manipulación de mercado o el ataque a la gobernabilidad”, dijo el jefe de la UIF cuando se aprobó la ley. Moreno prefiere llamar a los exportadores para que presionen a productores.

El Ejecutivo esperará hasta abril para ver con qué ritmo arranca la liquidación. La preocupación por los “sojadólares” fue uno de los temas que trató el equipo económico el miércoles pasado, en la reunión que mantuvieron con la Presidenta en Olivos. El dólar para el productor de soja (deducidas retenciones) cotiza a $ 3,32, lejos de los casi $ 8,50 del blue.

El Gobierno entiende que los productores retienen mercadería y ya comenzó a presionar. Hace un mes, inspectores de la AFIP recorrieron campos. Desde la campaña pasada obligan a los chacareros a informar 48 horas antes de cada cosecha para que un inspector pueda caer de sorpresa a constatar el rinde.

ESTEBAN RAFELE Buenos Aires

Cronista.com