El Gobierno habilitó un mecanismo para dar asistencia financiera directa a los municipios salteando a las provincias, con la sola firma del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.

Si bien la Casa Rosada ya entregaba a los intendentes fondos destinados a obras, la nueva herramienta le permite enviar partidas para que los municipios paguen sueldos, deudas y gastos corrientes. Todo en un año electoral y sin intervención de los gobernadores.

La decisión, difundida ayer en el Boletín Oficial, desató fuertes críticas de dirigentes opositores, que ven en la medida un zarpazo del Gobierno al federalismo, así como una vía para adoctrinar a gobernadores e intendentes de cara a las elecciones legislativas de este año, en las que el kirchnerismo se juega una eventual reelección de Cristina Kirchner.

La medida, que autoriza a los intendentes a pedir recursos a la Casa Rosada sin gestionarlos ante las provincias , provocó el rechazo de los gobiernos de Santa Cruz, Córdoba y Santa Fe, además de intendentes opositores.

En Buenos Aires, Daniel Scioli no habló del tema, pero envió una carta al jefe de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, para «rediscutir la coparticipación» y el tope del Fondo del Conurbano (ver aparte).

La resolución de Abal Medina, basada en el decreto 2609/12 del 27 de diciembre, faculta a la Jefatura de Gabinete «a otorgar a los gobiernos municipales ayuda financiera para la ejecución de gastos correspondientes a las prestaciones de dichas jurisdicciones». A través de aquel decreto, se había aprobado el envío de $ 1129 millones a municipios, sin especificar a quiénes iban destinados.

En aquel momento, fuentes consultadas por LA NACION coincidieron en que esos millones ya habían sido repartidos entre intendentes en 2012 y que el decreto sólo implicaba un acto contable para cerrar el ejercicio. Sin embargo, esas fuentes indicaron que la resolución 13/2003 apunta al año electoral que comienza y permitirá una «enorme discrecionalidad» de parte del Gobierno en la distribución de fondos.

En parte, porque el decreto que dio origen a esta resolución está dirigido a los municipios que no puedan «atender sueldos, salarios y pasividades». Y la resolución difundida ayer no sólo no acota en nada esas «pasividades», sino que sólo establece como finalidad solventar los «gastos correspondientes a las prestaciones» de los municipios.

El detalle no es menor, porque las prestaciones de los municipios van desde sueldos y obra pública hasta la recolección de residuos y la seguridad, pasando por la atención de escuelas y hospitales, entre otros múltiples fines que ahora podrán ser financiados por la Nación sin previo acuerdo con los gobernadores.

Llevado a ese extremo, en reserva, un intendente bonaerense consultado por este diario se ilusionó con la posibilidad de conseguir los fondos para librarse de una empresa de residuos a la que ligó con el líder de la CGT, Hugo Moyano.

Si bien existen experiencias en las que la Nación financió servicios específicos en municipios, como sucedió en Buenos Aires con la compra de cámaras de seguridad, hasta hoy el grueso de los fondos que la Casa Rosada giraba a los intendentes estaba atado a obras públicas específicas, de acuerdo con los parámetros que fijaba un convenio de financiamiento vigente desde 2003. El resto de las partidas debían pasar previamente por las arcas provinciales.

Son obras como las que el ministro de Planificación, Julio De Vido, prometió sólo a los intendentes kirchneristas bonaerenses, por 12.000 millones de pesos, y ofrece a jefes comunales de otras provincias donde los gobernadores no están alineados con la Casa Rosada. Pero la resolución de ayer abre el abanico para que esos fondos también puedan dirigirse a pagar gastos y deudas de los intendentes aliados.

El primero en cuestionar la medida fue el gobernador santacruceño Daniel Peralta , envuelto en una batalla con la Casa Rosada y los intendentes que responden a la Presidenta. «Vulnera la autonomía provincial y perjudica la división de poderes porque la gente votó a un gobernador y no a un ministro nacional para que distribuyan partidas a lo largo y ancho del país, discriminando a unos sobre otros», señaló.

Aún más duro se mostró el ministro de Gobierno de Córdoba, Oscar González. «La intención es saltear a las provincias y dejar a los gobernadores tirados en la banquina. Están pulverizando el sistema federal y las autonomías provinciales», señaló a LA NACION la mano derecha del gobernador José Manuel de la Sota, otro rival de la Casa Rosada que en los últimos meses vio cómo ministros nacionales organizaban reuniones sólo con intendentes kirchneristas para prometerles fondos. «Lo que hacen acá es mandar fondos para contrataciones directas y licitaciones que hasta venían con el nombre de las empresas que debían hacer las obras. Ahora van a poder mandar la plata a los intendentes sin tanto papelerío, y listo», agregó González.

Alicia Ciciliani, jefa del bloque de diputados del FAP y aliada del gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti , caracterizó la resolución como «antiinstitucional, clientelar y populista».

El intendente peronista de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, sostuvo que el gobierno nacional «castiga» a los que piensan distinto y señaló que la metodología de asistencia financiera directa está hecha «con total desparpajo» para «esmerilar» a intendentes y gobernadores.

«Esta resolución se llama De la Sota/Scioli/Peralta», ironizó otro intendente. «El Gobierno les dice que no aumenten las tasas, les achica la coparticipación y ahora les tramita directamente los fondos. Te tienen de rehén», concluyó.