En Centroamérica la violencia está presente en una intensidad inhumana: la tasa de homicidio regional es la más alta del mundo con 25,9 asesinatos cada 100.000 habitantes. Además, el 77% de ellos son ejecutados con armas de fuego.  El país que domina este índice es Guatemala, con un 84%, seguido por Honduras (82%), Panamá (79%) y El Salvador (72%).

Por su parte, Guatemala, Honduras y el Salvador, constituyen lo que se llama “El triángulo de la muerte”, una de las zonas con mayor tasa de violencia y crimen en el mundo. En ella se estima que más de 17.500 personas fueron asesinadas en 2015. 

En este contexto, El Salvador es el país no sumergido en una guerra con mayor tasa de homicidios: 61 de cada 100.000 habitantes son asesinados al año. Por supuesto, los más vulnerables en este entorno de violencia son las mujeres y niños: entre 2008 y 2015 el número de femicidios se incrementó en un 60% y, en 2015, de los 6.656 asesinatos que se registraron, 2.521 eran menores de 24 años, de los cuales el 49% tenían menos de 19 años. Por otro lado, de los 5.148 asesinatos en Honduras, 1.720 eran menores de 24 años y 727 no alcanzaban los 19, un número similar al de Guatemala, donde hubo 5.718 homicidios, de los cuales una quinta parte eran menores de 19 años.

Esta situación es producida por las maras (pandillas) que operan en la zona. Por ello, según Médicos sin Fronteras, cada año, 500 mil personas abandonan el “Triángulo de la muerte” para refugiarse en Estados Unidos, la mitad de ellos huye por la violencia en la región. Obviamente, dejar el país natal para llegar a Norteamérica no es un camino fácil: 7 de cada 10 son víctimas de violencia en el trayecto.

La situación ha empeorado a lo largo de los años. El número de refugiados y solicitantes de asilo ha aumentado 597% entre 2010 y 2015. Y no es para menos que tantas personas pretendan escapar de la zona: solo negarse a cooperar en la venta de drogas para una mara, no aceptar ser parte de la pandilla o ser homosexual son motivos suficientes por los cuales pueden asesinarte. Por esta razón, 64.000 niños de los 3 países trataron de cruzar solos la frontera entre México y Estados Unidos para poder huir de la violencia.

Por otro lado, la situación que se vive en Hispanoamérica tiene relación con las políticas estadounidense alentadas por la Asociación Nacional del Rifle (NRA). Esta asociación pretende eliminar la averiguación de antecedentes para adquirir un arma y los fondos para rastrar crímenes cometidas con ellas. En esta línea, el gobierno de Trump propuso la Iniciativa de Transferencia de Armas que facilita la exportación de armas y dificulta los controles legislativos, por lo que habría menos datos de a dónde se dirigen las armas como también a quién.

La NRA también ha tratado de debilitar la normativa contra el Straw Purchasing, que es cuando alguien compra un arma legalmente y se la transfiere a otra persona. Esta es la principal forma por la cual los delincuentes obtienen armamento, incluso muchos carteles de droga de México usan estos métodos para armarse. A pesar de ello, la mala normativa legal hace que los procesamientos sean por “llenar mal la documentación” y no por lo que en realidad es: tráfico de armas

Así es como el 70% de las armas confiscadas en México entre 2009 y 2014 provenía de Estados Unidos. Por otra parte, según la ATF (Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos​) el 29% de las armas incautadas en Guatemala, 49% en El Salvador y 46% en Honduras, tenían origen en la potencia norteamericana. Irónicamente, la misma asociación que pretende menos controles es la que se opone a los inmigrantes latinos bajo el argumento de que son criminales, cuando ellos mismos son los que están posibilitando la inestabilidad en la región que obliga a miles de personas a huir.

Como si fuera poco, Trump firmó este año la retirada del Tratado de Comercio de Armas, el cual establece que “Un Estado parte no autorizará una transferencia de armas si esta supone una violación de un embargo decretado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, si supone una violación de otros acuerdos internacionales (de los que forme parte) o si el Estado en el momento de la autorización tiene conocimiento de que dicha transferencia pueda utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte”, lo que podría agravar esta crisis como tanta otras alrededor del mundo.

Por supuesto, no se puede culpar solo al gobierno estadounidense y a la NRA por lo que sucede en el Triángulo de la Muerte. La corrupción y los débiles controles de los países afectados constituyen el problema mayor. Los carteles de droga mexicanos usan a estas naciones como sus “almacenes”, en tanto los pandilleros, muchos de los que trabajan para los carteles, sobornan a los oficiales de seguridad con dinero del narcotráfico para ejercer su control en los barrios. Luego, quienes viven en ellos, sufren extorsiones o tienen que pagar “impuestos” para no ser asesinados.

Idealmente, podríamos pensar que, si todos los involucrados buscan que sus países no se vean afectados, trabajarían juntos aplicando mayor normativa en las ventas de armamento, mayores controles en las importaciones para detectar mercancías ilegales y controles contra la corrupción, pero en la práctica no es así porque todos se benefician con el sistema vigente. Las autoridades de los países hispanoamericanos se enriquecen corruptamente, las maras y carteles operan impunemente y Estados Unidos mantiene las ventas de armamento y utiliza un endurecimiento de las políticas migratorias, como también obliga a México a endurecer las suyas para funcionar como un “filtro” contra las migraciones masivas. Entre todos ellos posibilitan que miles de personas sean condenadas a la muerte y a un ambiente de vida hostil.

Gentileza: José Ignacio Teruel-Licenciado en Relaciones Internacionales

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