Fue el Gobierno de la provincia quien decidió no dar marcha atrás y reubicar a los damnificados, cortando el vínculo con la congregación religiosa que tiene seis albergues de contención de niños y adolescentes.

Si bien el procedimiento judicial continuará su curso luego de la feria judicial, desde el Ministerio de Salud de la provincia indicaron que el acuerdo entre el Estado y la congregación se mantendrá interrumpido al menos hasta la Justicia se expida.

Todo salió a La Luz luego de que una familia de San Rafael denunciara situaciones de maltratos en los hogares, como tirones de pelo, duchas de agua fría y penitencias. Fue así como la DINAF intervino, primero entrevistando a los menores y luego retirándolos de allí.

Los menores contaron sobre los maltratos psicológicos que sufrieran y las agresiones físicas, que incluían desde gritos hasta golpes.

Desde ahora los menores quedarán en tres hogares que la entidad gubernamental (DINAF) posee  en el Sur de la provincia.