La denuncia de la actriz Thelma Fardín por presunta violación contra el actor Juan Darthés ha abierto una caja de Pandora en Argentina. Del mundo del espectáculo ha saltado ahora a la política. Dos senadores, uno oficialista y otro opositor, han visto sus nombres en los titulares luego de que dos colaboradoras los acusaran de abuso sexual. Ambos son figuras relevantes, el primero mayor y el segundo muy joven. Pero las consecuencias serán las mismas: tras poner sus cargos disposición, enfrentan ahora causas penales y sus carreras penden de un hilo. El cambio de época entró con toda la fuerza posible en la sociedad argentina.

Un día después de que Fardín denunciara a Darthés, arropada por un centenar de actrices en una rueda de prensa transmitida en directo por todos los canales de noticias, una empleada del Congreso llamada Claudia Guebel denunció al senador radical Juan Carlos Marino. Guebel contó bajo juramento a un fiscal que el senador, al que ella asesoraba como politóloga, le tocó los senos y la acosó por teléfono consultándole la dirección de su casa para potenciales citas.

Marino tiene 55 años y es un político de peso con amplia experiencia dentro de la Unión Cívica Radical (UCR), un partido centenario que forma parte de la alianza de gobierno de Mauricio Macri. En el Senado ocupa la vicepresidencia 1°, un cargo que le permitió incluso liderar algunas sesiones. Desde que estalló el escándalo se ha mantenido en silencio, pero ya adelantó al partido que se considera inocente y que renunciará a sus fueros parlamentarios para no entorpecer las investigaciones. Su abogado, Claudio Calabressi, explicó que “el senador no tiene nada que decir porque lo que dice la denunciante nunca ocurrió”. “No dudo de ninguna víctima, pero esta denuncia tratémosla con seriedad y honestidad, porque si no cualquiera denuncia a cualquiera y se viola el principio de inocencia”, dijo al canal de noticias C5N.

Pero Marino no la tendrá fácil, sobre todo porque los aires han cambiado en Argentina y hay gente dentro de la UCR dispuesta a dar batalla. Como la Juventud Radical, el brazo que agrupa a los nuevos militantes. “Elijo y le creo a la mujer”, dijo su presidenta, Luciana Rachid. “Nos falta dar un debate con seriedad dentro del partido (…) La política es uno de los ambientes más machistas y más difíciles de cambiar y tenemos que aggiornarnos a estos tiempos”, agregó.

La segunda denuncia conocida, porque otras circulan en la oscuridad de los despachos judiciales, afecta a un personaje cuyo perfil político es la contracara del de Marino. Jorge Romero es senador en la provincia de Buenos Aires por La Cámpora, la agrupación juvenil del kirchnerismo. Una compañera de Romero, Stephanie Calo, publicó el viernes pasado en las redes sociales que el político intentó forzarla a tener sexo oral en enero de 2017. Luego acusó a otros militantes de no apoyarla cuándo intentó pedir ayuda ante lo ocurrido. Su testimonio generó un verdadero terremoto dentro de la agrupación kirchnerista, liderada por Máximo Kirchner, el hijo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde las cuestiones de género son una bandera.

“A las compañeras se les creé y se las acompaña”, dijo la dirección de La Cámpora a través de un comunicado. «Tenemos que ser mejores. No puede ser un calvario para las compañeras militar en una organización sindical y política. Deben tener todos los resguardos necesarios», dijo luego Máximo Kirchner durante un acto público. Romero contestó a la denuncia a través de Facebook. Primero dijo que como “varón criado en una sociedad patriarcal” pudo haber tenido “prácticas machistas que en ese momento parecían naturales”, sin hacer referencia a la denuncia de Calo. Luego adelantó que renunciará a sus “responsabilidades políticas”. El Me Too argentino crece y su ola parece indetenible.