La iniciativa es promovida por el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos. Es la misma ONG que reclama la nulidad de los acuerdos paritarios del 2015 y exige que se implemente el ingreso por concursos.

El Centro Latinoamericano de Derechos Humanos recolecta firmas para exigir la implementación de concursos para ingresar al Estado. Desde la ONG han presentado una medida cautelar en la Suprema Corte de Mendoza para que se anulen los acuerdos paritarios del 2015, ya que entienden que no respetan la igualdad de condiciones y favorecen a personas allegadas al poder.

«Somos un grupo de mendocinos que queremos un Estado presente, eficaz y activo. Para eso, pensamos que es fundamental que quien entre a trabajar para el Estado lo haga a través de concurso y no a través del dedo», expresan desde la plataforma digital en la que solicitan la adhesión de los mendocinos.

Específicamente, denuncian que el ingreso a la Administración pública «está condicionado al amiguismo» y no cumple con la legislación que exige la realización de concursos. Incluso, agregan que quienes intentan hacer carrera en el Estado no pueden hacerlo, porque los puestos más altos «son para los amigos de los funcionarios».

«Nuestro objetivo es que la discusión de este tema se abra a la sociedad. Presentarle las firmas a la Corte, los gremios y el Gobierno para que tomen conciencia de que es un tema de interés ciudadano», advirtió Ignacio Boulin, uno de los impulsores de esta iniciativa.

Hasta el momento, cuentan con casi 1.000 adhesiones con las cuales buscan darle sustento a su reclamo, que ya ha sido interpuesto ante el máximo tribunal de la provincia.

Allí, presentaron una medida cautelar para que se suspendan todos los pase a planta acordados en paritarias durante el año 2015, hasta cuando no se realicen concursos que garanticen transparencia, idoneidad e igualdad para todos los ciudadanos.  Incluso, requirieron la nómina completa de los trabajadores contratados que pasarán a planta por acuerdos paritarios.

Esta posibilidad ha sido repudiada desde los gremios estatales, que incluso recusaron a uno de los magistrados que tenían que expedirse sobre la causa: Alejandro Pérez Hualde. Su lugar fue ocupado por Omar Palermo.

Mientras tanto, otro magistrado también dio un paso al costado y se excusó de opinar sobre el tema. Se trata de Julio Gómez, quien advirtió que entre los 1.300 pases a planta que se han puesto en tela de juicio, se encuentra el de su hijo político en el Tribunal de Cuentas. Justamente, Gómez se desempeñó en ese órgano de control hasta este año, cuando fue elegido como nuevo magistrado de la Corte. En reemplazo de Gómez, fue designado Herman Salvini.

Desde los gremios, acusaron al gobernador electo, Alfredo Cornejo, de impulsar esta medida y lo vinculan con el estudio jurídico que presentó la cautelar. «Entre los apellidos aparecen De Casas, Morandini y Boulin. Todo el mundo sabe que son parte de un estudio jurídico vinculado al radicalismo», aseveró cuando fueron notificados sobre la medida judicial.

Por su parte, el secretario General de ATE, Roberto Macho, afirmó que expresaron su posición ante el propio Cornejo en la reunión que tuvo lugar el 19 de noviembre. «Le pedimos que no den de baja los pases a planta y que se respete el derecho de los trabajadores», subrayó.

Se siguen creando cargos

La presentación judicial no ha impedido que el Poder Ejecutivo siga dando cumplimiento a los acuerdos paritarios. A través del decreto 1.908 publicado ayer en el Boletín Oficial, se dispuso la creación de 32 cargos en el Ministerio de Desarrollo Social.

Además de ello, el lunes se publicó el decreto 1.907, mediante el cual el ministro Pablo Bassin autorizó la creación de otros 32 cargos. Todos ellos implican la incorporación de personal a la planta permanente del Estado y forman parte de los acuerdos paritarios alcanzados entre el Gobierno y los gremios estatales.

En el medio, más acomodos

Al mismo tiempo, MDZ denunció ayer nuevos acomodos de funcionarios gubernamentales. En esta oportunidad, el gobernador Francisco Pérez envió una carta de recomendación a la Suprema Corte para que tenga en consideración la posibilidad de emplear a cinco hombres de confianza del mandatario.

Entre ellos, aparecen el subsecretario de Trabajo, Mauricio Guzmán, el asesor del gobernador Nicolás García Sánchez y la  directora de Administración de la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación y Secretaría Coordinadora de Gabinete, Gabriela Lourdes Von Zedtwitz. A ellos se suman la contadora María Mercedes Derrache y la jefa de Ceremonial y Protocolo, Griselda Luciana Castellanos.

Fuente: MDZOL –  http://www.mdzol.com/nota/642992-juntan-firmas-para-frenar-acomodos