El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) busca activar en la Legislatura mendocina la emisión de Títulos Vitivinícolas (TIVI) para paliar la crisis que atraviesa el sector ante la existencia de sobrestock vínico y de cara a la inminente liberación al mercado con vinos de la actual cosecha.  

El stock vínico está calculado en 7.500.000 hectólitros, por eso desde el organismo dependiente del Ministerio de Agricultura de la Nación buscan promover este bono que pretende disminuir el excedente vínico y que esto último no repercuta en una caída en los precios de los productos.

El proyecto de emisión de títulos (TIVI) ya había sido lanzada el año pasado ante una situación similar por el Gobierno de Mendoza que encabeza Francisco Pérez, aunque sin éxito.

En diálogo con Télam, Guillermo García, titular del INV, dijo que «eEs necesario reflotar en forma inmediata en Mendoza, el proyecto de ley de los títulos de ahorro vitivinícola (TIVI)».

En ese sentido, el funcionario nacional reclamó esta herramienta, «ante la liberación de los volúmenes al mercado interno y la presión sobre la oferta, generando disminuciones sobre los precios, y considerando que en el último año no hubo variaciones en los precios de vinos a granel, con la pérdida de rentabilidad de los productores».

«Requerimos una urgente sanción de parte de todos los bloques legislativos, para darnos un instrumento que nos permita en el más breve plazo poder retirar un volumen muy importante de vino excedente que deprime todos los precios», reclamó García.

Y fue más allá al asegurar que «es necesario que todas las fuerzas políticas representadas en la Legislatura provincial -oficialismo y oposición- entiendan de la importancia de tener este instrumento».

El titular del INV explicó que «dado que este año, debido a circunstancias particulares de que no se ha elaborado todo el mosto necesario para el equilibrio, se vuelve a producir un estado de tener mucho vino excedente que va a seguir presionando sobre los precios, sobre todo en los próximos 3 ó 4 meses».

«Por lo tanto, es el mejor momento para volver a insistir que necesitamos una herramienta legislativa de este tipo, y con los consiguientes acuerdos legislativos se pueda sancionar en Mendoza, como en su momento lo hizo la Provincia de San Juan», finalizó García.

TELAM- Oscar Pinco corresponsal