El jefe de Gabinete Aníbal Fernández, rompió el tabú: por primera vez un funcionario del kirchnerismo reclamó, pública y enfáticamente, que el Congreso sancione una ley que obligue a los candidatos presidenciales a un debate de cara a la ciudadanía. Quien recogió el guante fue nada menos que la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la también oficialista Diana Conti. «Es muy probable que en este año electoral tratemos en comisión los proyectos sobre el tema», anticipó a LA NACION.

Las declaraciones de Fernández y de Conti suenan como música para los oídos de la oposición y de un grupo de ONG que promueven a viva voz la realización de un debate presidencial antes de las próximas elecciones de octubre. Sería el primero en la historia democrática de nuestro país (ver aparte).

«Estoy convencido de que en algún momento debiéramos sacar una ley nacional que diga que para esas cosas es obligatorio el debate y el que no participa del debate no puede participar de las primarias», enfatizó ayer Fernández en su habitual ronda de prensa matutina. Y agregó que después de las primarias debería darse «otro debate del que sea obligatorio participar antes de las generales».

Fernández pareció haberle arrebatado el libreto a la oposición cuando rescató ayer la importancia de los debates presidenciales. Tras recordar que esta instancia es obligatoria en muchos países, enfatizó que ésta es necesaria «para que la sociedad sepa lo que (el candidato) está dispuesto a hacer y, en función de eso, votarlo y en todo caso después reclamarle concretamente si hizo o no hizo lo que se comprometió en campaña».

Si las palabras del jefe de Gabinete se cristalizaran en votos legislativos, la ley sobre debates presidenciales se aprobaría velozmente, como lo ha demostrado en varias ocasiones la mayoría oficialista en ambas cámaras cuando se trata de proyectos prioritarios para el Gobierno.

La diputada Conti dio ayer el primer paso. «Ante tanta farandulización de la política, la existencia de un debate presidencial contribuiría al fortalecimiento de la democracia, por lo tanto es muy probable que en este año electoral reúna a la comisión (de Asuntos Constitucionales) para tratar los proyectos que hay sobre el tema», adelantó la legisladora a LA NACION.

«Estoy convencida de que los debates presidenciales ayudan a los partidos políticos a que haya un conocimiento mayor de sus propuestas», insistió.

Salvo el gobernador Daniel Scioli, precandidato del oficialismo a la presidencia, todos los demás postulantes a suceder a Cristina Kirchner en diciembre próximo adelantaron su compromiso de participar en un debate antes de octubre (ver aparte). Como no hay una ley que regule esta instancia, por ahora queda en la voluntad de cada postulante. Es por esta razón que los debates fracasaron, sistemáticamente: siempre hubo un candidato que, por no querer arriesgar su posición en las encuestas, se rehusó a participar. En consecuencia, los ciudadanos argentinos nunca tuvieron la oportunidad de poder contrastar, en un mismo duelo público, las propuestas de uno y otro postulante presidencial.

PROYECTOS EN DANZA

En el Congreso se presentaron numerosas iniciativas para regular el debate presidencial. De hecho, el jefe de Gabinete mencionó ayer la del senador oficialista Eduardo Aguilar, de Chaco. Pero la tarea más prolífica proviene de la oposición; de hecho, hace diez días, en el Salón Azul del Senado, se llevó a cabo una jornada de debate organizada por la diputada Carla Carrizo (Sumá +) y la senadora Norma Morandini (Frente Cívico de Córdoba), en la que participaron representantes de todos los bloques opositores, de organizaciones de la sociedad civil y de la Cámara Nacional Electoral.

Allí se sobrevoló sobre los distintos proyectos en danza. Por caso, Carrizo y Morandini coinciden en que el debate debería transmitirse por cadena nacional y que la sociedad civil debe participar de la organización. Con distintas variables, también presentaron iniciativas los diputados Oscar Aguad (UCR); Francisco de Narváez y Alberto Asseff (Frente Renovador); Patricia Bullrich (Unión Pro), y Guillermo Durand Cornejo (Pro).

Consultado sobre el lugar donde deberían realizarse los debates, Fernández dijo que es cuestión de que los candidatos se pongan de acuerdo, aunque se inclinó por una universidad. «Garantiza ecuanimidad», dijo.

DEBATES PARA TODOS Y TODAS

• A través del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y la diputada Diana Conti, el Gobierno comenzó a instalar la idea de establecer la obligatoriedad de los candidatos presidenciales de participar de un debate antes de las elecciones
• A diferencia de otros países, incluso vecinos, en la Argentina nunca hubo un debate presidencial desde la reapertura de la democracia, en 1983
• La Iglesia se metió en la discusión. El presidente de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, reveló que Scioli, Macri y Massa se comprometieron a participar de un debate, en los sucesivos encuentros que la comisión episcopal mantuvo con los candidatos
• La oposición en el Congreso viene impulsando desde hace tiempo distintas iniciativas para establecer debates presidenciales, organizados por la sociedad civil y transmitidos por cadena nacional

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1794915-el-gobierno-propone-aprobar-una-ley-que-regule-los-debates-presidenciales

Por Laura Serra  | LA NACION