“A diferencia de lo ocurrido en otras regiones del país, en el sur de la provincia los represores llevaban libros, es decir, hay un registro de los traslados que permite conocer el circuito de detenciones ilegales en San Rafael, Malargüe y Alvear”, precisó el fiscal especial Pablo Garciarena, quien sustanció la causa del Megajuicio de Lesa Humanidad que comenzó este jueves en San Rafael y en el que se juzga a 16 militares y 10 policías por su participación en el terrorismo de Estado.
Garciarena remarcó en el programa Memoria, Verdad y Justicia, de Acequia TV, que este proceso en el sur llega con “profusa prueba procesal reunida durante años”, entre las cuales figuran registros de traslados de presos y por cuáles puntos del circuito sureño de la represión ilegal pasaron, entre ellos numerosas dependencias oficiales, como el Cuartel de Bomberos, la Municipalidad de San Rafael -donde según la acusación fiscal la situación era dominada por el militar que ejercía como comisionado, Luis Alberto Stuhldreher, quien está entre los 26 acusados del juicio, comisarías y hasta galpones de empresas como Garbín y Pico de Oro.
Los otros lugares, indicados en los diferentes casos según la acusación son la Unidad Regional II de la Policía de Mendoza; la Brigada de Investigaciones de la Zona Sur; la Compañía de Infantería de la Policía local, el D-2 de la ciudad de Mendoza; la Penitenciaría de Mendoza; el Regimiento de Cuadro Nacional, la Casa Departamental, sede de los tribunales provinciales; la comisaría de General Alvear; la comisaríal 24 de Malargüe; la 32 de San Rafael, el Regimiento de Campo Los Andes; la Cárcel de Encausados de San Rafael; la Comisaría Octava de la Policía de Mendoza; la Compañía de Comunicaciones del Ejército; el Escuadrón 29 de Gendarmería Nacional en Malargüe; la Oficina de Bomberos; la Comisaría de Bowen; el Destacamento Policial de Nihuil; y las bodegas Garbín y Pico de Oro.
“Este juicio por delitos de lesa humanidad surge de uno anterior realizado aquí en San Rafael en el 2010, debido a la cantidad de hechos allí denunciados y a las compulsas ordenadas de donde surgieron datos sobre el funcionamiento del aparato terrorista en el sur de Mendoza”, indicó Garciarena a la agencia de noticias Télam sobre este juicio, del cual se espera sentencia, según el ritmo de las audiencias, en seis u ocho meses.