En relación con este tema, varios fiscales departamentales y también de la Fiscalía Especial consultados por El Sol aportaron su opinión acerca de cómo deberían estar colocadas en la vía pública y qué se necesita para que tengan un correcto funcionamiento. Sólo uno de los magistrados no pidió reserva de su identidad y todos explicaron que “cuesta” realizar un análisis de los aparatos porque “casi la mitad no funciona”.

Preguntas

Una de las preguntas tenía la finalidad de saber si a los fiscales, en alguna investigación que iniciaron, las cámaras de vigilancia urbanas les fueron útiles para hallar a los responsables de un delito, y las respuestas, en su mayoría, fueron negativas.
Algunos, directamente, sentenciaron que las cámaras de seguridad “no sirven para nada” a la hora de basarse en esas grabaciones para identificar a alguna persona que haya delinquido.

Sus explicaciones se dirigieron a que en ninguna instrucción utilizaron lo captado por los dispositivos como prueba para incriminar a alguien.
Para ello, se justificaron diciendo que los artefactos están colocados “muy lejos” para tomar imágenes nítidas. “Están muy arriba y, a esa distancia, cuando se quiere ver a una persona, solamente se ve una sombra”, detalló un funcionario, quien prefirió el anonimato. A su vez, el sabueso detalló que se necesita más tecnología, porque las cámaras que se tienen en la actualidad “son obsoletas”.

En cuanto a este mismo punto, otro fiscal explicó que no las ha utilizado y comentó acerca de la ubicación que tienen las cámaras: “Deberían estar más cerca porque, a la altura en que se encuentran, son unos tres o cuatro metros, cuando toman alguna imagen, sólo se ve la espalda de la persona. La cara, directamente, no se puede ver. Tendrían que estar a una altura de un metro y medio, dos, como máximo”.

En cambio, otro representante del Ministerio Público aportó su experiencia personal y dijo que le fueron útiles los dispositivos para atrapar a un hombre que había robado en una estación de servicio en Godoy Cruz y que había escapado en un auto.

“Una vez, un individuo entró al drugstore que está en la estación Petrobras, cerca de la cancha de Andes Talleres, y después de robar se subió a un auto y las cámaras lo captaron”, aseguró. “Con el auto identificado, los policías después lo atraparon en calle San Martín”, agregó. Este mismo funcionario, dijo, con referencia a las cámaras: “Es mejor tenerlas que no tener nada”.

Uno de los fiscales especiales, Daniel Carniello, no recordó haber tenido que recurrir a las imágenes en algún caso en particular pero brindó su opinión: “Tienen poder de disuasión”, argumentó. Es que él considera que la gente, al ver que hay cámaras de seguridad en la calle, se aleja de esa zona o no comete ilícitos.

Otro fiscal de Instrucción dijo: “Hace falta tecnología adecuada” porque es casi imposible ver con claridad el rostro de una persona”.
“Si no la tenés identificada de antemano, es imposible saber quién es la persona que cometió tal hecho”, agregó.

Este mismo problema lo destacó otro de los consultados, quien describió: “Vos lo podés grabar, pero si la policía no lo reconoce y no lo puede identificar, es como si nada, porque es ella la que está en las calles y puede llegar a saber quién es. Por las cámaras solas es imposible”.
Pero, a su vez, sí destacó su funcionamiento en hechos puntuales, como la identificación de los vehículos y en las chapas patentes.

“Con los autos sí se pueden obtener más datos –la marca, el color, la patente– pero con las personas es mucho más complejo”, agregó.
También puntualizó sobre los accidentes de tránsito, pues allí sí son eficaces porque se trata de un hecho en particular: se sabe el horario, lugar y las personas involucradas.

La mayoría de los entrevistados coincidió en que del total de las cámaras instaladas, más de la mitad no funciona como debería o, directamente, está fuera de servicio.

Más dispositivos

El 30% de las cámaras de seguridad que existe en la provincia no funciona, y el Gobierno provincial llamó a la licitación a fines de setiembre para adquirir 560 nuevas.

La inversión rondará los 7 millones de dólares y será financiada con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El dinero que se utilizará para la incorporación de esta nueva tecnología se realiza con aportes no reembolsables del BID, según informó en su momento el Gobierno provincial.

Carolina Duplessis, coordinadora de la Unidad de Financiamiento Interior (UFI) afirmó: “Esto no es un crédito para Mendoza, es un un Aporte No Reembolsable (ANR), un subsidio”.

Marcos Quiroga, jefe de Financiamiento de la UFI, aseveró: “Nuestra provincia sólo estaría aportando 25% del monto total del proyecto, que es normalmente la contrapartida que pone la parte local en cada proyecto que es financiado por alguna entidad. Esto quiere decir que Mendoza en ningún momento debe devolver algo de dinero”.

Con los 7 millones de dólares del BID se comprarán 100 cámaras para Capital, 95 para Godoy Cruz, 95 se destinarán a Las Heras, 95 a Guaymallén, 90 para el departamento de Maipú y 85 se instalarán en Luján de Cuyo.

Registro

En la Legislatura provincial avanza un proyecto que busca crear un registro provincial de cámaras de seguridad que permita incluir las que son instaladas por privados. El proyecto fue aprobado en Senadores pero sufrió algunas modificaciones en la Cámara Baja.

“Lo que se busca es incentivar a que los privados coloquen cámaras y que, a la vez, esas imágenes estén disponibles para la Justicia”, explicó el autor del proyecto, el senador del Pro Gustavo Cairo. Para fomentar a los privados a instalar este tipo de dispositivos, el proyecto permite deducciones de impuestos provinciales.

Por: Hernán Adrover  @hernanadrover53 hernan.adrover@elsoldiario.com.ar

http://www.elsol.com.ar/nota/217933/policiales/fiscales-cuestionan-la-eficacia-de-las-camaras.html