«Hay dos argentinas funcionando a dos velocidades distintas», dice Agustín Salvia, uno de los responsables del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la UCA, un índice representativo de la situación económica y social actual que releva datos desde 2003.

Según el investigador, durante las últimas décadas hemos vivido la paradoja de que se avanzó en una Argentina inserta en la sociedad del conocimiento, integrada a estructuras formales, con proyectos de movilidad y mayores oportunidades de progreso, mientras que también continúa viva una Argentina atravesada por la inseguridad alimentaria, la marginalidad y la pobreza estructural. Se trata de al menos un 15% de la población que acumula décadas de exclusión y que actualmente sobrevive a base de empleos de indigencia y programas sociales, sin acceso a condiciones y recursos de inclusión plena en la sociedad.

Con dichos como hay que crear escuelas ricas en los barrios más pobres, Salvia se dedicó por completo desde su salida del secundario a estudiar temas relacionados con la pobreza, la indigencia, el empleo y las políticas más efectivas para lograr la equidad.

En el contexto de una semana agitada en materia de informes sobre el aumento de la cantidad de habitantes en villas en la ciudad, y la cantidad de niños que viven en la pobreza en la Argentina, Salvia responde sobre los temas que conoce en profundidad.

-Esta semana se publicó que la población de las villas porteñas creció 156% en los últimos 13 años; pasó de 107.422 habitantes en 2001 a 275.000 en 2013. ¿Cuál es su opinión al respecto?

-No sé si esas son cifras exactas, pero es cierto que durante los últimos años ha crecido la población de los asentamientos informales en casi todos los centros urbanos del país como resultado del crecimiento demográfico interno de las villas, las presiones que generan los expulsados de las economías regionales afectadas por los cambios rurales y la ausencia de programas integrados de desarrollo urbano a escala nacional. El problema no se resuelve construyendo sólo viviendas, sino que requerimos programas integrales de urbanización con inclusión social.

-¿Qué opina de los dichos sobre las villas como lugares dignos para vivir?

-No es así. Si bien muchas familias viven en villas en un marco de pobreza digna, no menos cierto es que es en estos espacios donde se concentran los mayores niveles de desnutrición, adicciones, hacinamiento, insalubridad, inseguridad, deserción escolar y violencia social. Integrar las villas a la ciudad significa no sólo abrir calles, sino fundamentalmente resolver estos problemas y permitir el desarrollo de las potencialidades sociales de sus habitantes.

-También se difundieron los últimos datos del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia en el período del Bicentenario. El 38,8% de chicos y adolescentes está en situación de pobreza.

-Esto ocurre porque el 20% de los hogares urbanos está afectado por ingresos laborales insuficientes e impactos inflacionarios crecientes. Justamente las familias con más niños son las que más sufren el problema. Y si bien esto recrudeció en los últimos dos años, no menos cierto es que la situación en 2001 antes de la crisis era todavía peor, teníamos 25% de hogares en esa situación y más de 40% de los niños afectados por la pobreza por ingresos. La crisis llevó el problema a una situación por demás compleja: más del 65% de los niños pasaron a experimentar una situación de pobreza y 25% una situación de indigencia extrema. Hoy, la indigencia infantil alcanza gracias a los programas sociales al 5% de los hogares y al 10% de la infancia.

-¿Qué conclusiones surgen si se compara 2001 con el momento actual?

-Antes de la crisis había una parálisis económica importante y gran capacidad ociosa de fábricas y empresas. Lo que ocurre hoy tiene que ver con un proceso de recuperación económica y de posterior estancamiento a partir de 2007. Es cierto también que la Argentina no tenía los derechos sociales actuales.

-¿Cuáles son los más importantes?

-Se ha avanzado mucho en materia de previsión social, derechos laborales, derechos de la infancia. Hay un campo normativo e institucional más fortalecido que lo que teníamos en 2001.

-¿Cuál es el mayor problema que tenemos hoy?

-La pobreza puede estar aumentando o disminuyendo en términos de medición por ingreso según la inflación, el empleo. Pero el mayor problema que tenemos es la existencia de una pobreza estructural, de un núcleo duro de marginalidad estructural. Ese es el tema sobre el cual nos parece importante llamar la atención. Aunque haya más programas sociales, es una pobreza donde las condiciones de vida de la población no sólo dependen de los ingresos. Dependen también de las condiciones generales de vida, el trabajo al cual se accede, la vivienda, la calidad de la educación y de los servicios de salud disponibles, la calidad de las redes sociales y el tipo de cultura que forma parte del mundo simbólico de vida. Y, no menos importante, la mayor o menor cercanía del Estado como garante y protector de los derechos de quienes tienen mucho menos poder y prestigio social.

-¿Cuánto ayudan los programas sociales?

-Ya a mediados de los 90 había programas sociales para asistir al desempleo y la pobreza extrema. Se suponía que iban a ser transitorios, pero en aquel momento ya tenía el diagnóstico de que eso no iba a ocurrir. La Argentina había creado una división social muy fuerte, y esa población marginal desde el punto de vista del modelo económico tenía programas para mantenerse en la subsistencia, no para llegar a la inclusión social. Del mismo modo, tampoco estos años de crecimiento han logrado reducir esta brecha de exclusión.

-¿De cuántas personas estamos hablando?

-Hoy en la Argentina el 22% de los hogares recibe algún programa social de manera permanente. El propio mercado no es capaz de integrarlos como trabajadores. Sin este subsidio los números de la pobreza e indigencia se multiplicarían. La inseguridad, la violencia y el malestar social aumentarían.

-¿Se ha multiplicado la pobreza en los últimos años?

-Los niveles de pobreza y de indigencia que tenemos hoy son: 5% de indigencia y no menos de un 25% hasta un 30% de población en situación de pobreza. Durante la crisis de 2002 llegamos a tener un 20% de indigencia y 55% de pobreza. Hasta 2007 cayó fuertemente tanto la pobreza como la indigencia gracias a los programas de transferencia de ingresos y al aumento del empleo. Sin una fuerte inyección de programas sociales tendríamos 4 millones de indigentes. Estamos hablando de personas que no les alcanza para cubrir la canasta básica alimentaria.

-¿Cómo bajar estos niveles?

-Si se bajara la inflación, por ejemplo a menos de un dígito, la pobreza disminuiría mucho, entre un 15 o 16%, pero seguiría existiendo este 15 o 20% de pobreza estructural, es decir, unas 6 millones de personas. Ellos pertenecen a una Argentina donde todos los días se lucha por la subsistencia, la dádiva y el reclamo de ayuda al Estado, sin que lleguen de manera efectiva los recursos de inclusión social. Hay marginalidad económica, social, política y cultural. Hay una Argentina oculta, la del núcleo duro de la marginalidad que persiste a pesar de los ciclos de bonanza económica.

-¿Está relacionada con el delito?

-Las bandas delictivas se nutren de poblaciones de sectores marginales como un ejército de mano de obra barata. Pero las bandas criminales tienen a sus principales líderes dentro de los sectores medios. La pobreza no es la que genera delito, es la desigualdad. Algo que no hemos hecho es planificar el desarrollo social articulado con el crecimiento económico. Por eso no hemos tenido desarrollo. Si bien hemos crecido, no logramos mayor integración económica ni social ni cultural entre el mundo de la marginalidad y la sociedad formal. Se ha mantenido la desigualdad estructural: la imposibilidad de integrar a ese 15 o 20% de la población que está y se siente afuera del sistema.

-¿En qué situación está el trabajo informal?

-Hay un 45% de la población que está por fuera del trabajo formal, asalariado y no asalariado. No aporta a la seguridad social y no tiene ningún tipo de protección. El 50% de los trabajadores de la Argentina gana menos de 4400 pesos, menos que el salario mínimo.

-¿Hay normas que deberían flexibilizarse?

-Sí, por ejemplo para la pequeña empresa. Las microempresas no deberían pagar cargas sociales. Necesitamos 5 o 10 años de subsidios en este sentido al sector de más baja productividad para que demande empleo. Sus costos laborales tienen que bajar y ellos aumentar su productividad. También estas acciones deberían estar acompañadas de asistencia crediticia y técnica. La pequeña empresa no pudo crecer en las mismas condiciones de legalidad que las medianas y grandes. Normativas como las que se dieron a conocer hace unos meses habrían sido muy buenas en un período de reactivación pero no en un contexto recesivo

-¿Pero esto no perjudicaría la caja de la Anses?

-La caja de la Anses ya es deficitaria para cubrir las jubilaciones. Justamente lo que debería poder cubrir es este tipo de procesos, para que desde las microempresas se genere más empleo genuino y que de acá a 5 o 10 años esos trabajadores, esas empresas, sean contribuyentes y participen de manera activa en un mercado laboral y comercial más integrado.

-Los empresarios se quejan de que tienen leyes laborales muy rígidas.

-Lo que necesitan son reglas más claras. El problema es que cuando el Estado tiene que administrar las normas es muy discrecional. Hay ineficiencia en la administración de las políticas públicas.

Fuente: La Nación – http://www.lanacion.com.ar/1727085-agustin-salvia-el-22-por-ciento-de-los-hogares-recibe-algun-programa-social