La lista es larga. Cada vez más larga. En ella aparecen Massalín, Zanella, Nobleza Piccardo, Atanor, Renault, Cinzano, el Grupo Estrella, Socotherm Américas, entre otras empresas. Próximamente, si convence a sus accionistas minoritarios, se sumará Ángel Estrada y Cía., centenaria compañía, hoy dedicada a la conversión de papel para papelería escolar y comercial, que lleva listada 75 años ininterrumpidos.   

Se trata de empresas que alguna vez sumaron su nombre al panel de cotizantes de la Bolsa porteña y ayudaron a generar una variada oferta de inversión en distintos sectores de la economía, pero que ya no aparecen más. Algunas quebraron, otras fueron transnacionalizadas (y retiradas del mercado por su nuevo grupo de control, ante la escasa profundidad de la plaza local), pero la gran mayoría sigue existiendo. No son compañías que dejaron de funcionar: optaron por retirarse de la cotización pública, por retraerse y bajar la exposición de sus números, lo que no ayuda a una economía que convive desde hace décadas con una creciente actividad informal, proceso que no logró revertirse ni en los años de crecimiento a «tasas chinas» que hoy parecen tan lejanos. Y mal que le pese a la presidenta Cristina Kirchner, que la semana pasada, al hablar en el acto por el 160° aniversario de la Bolsa, bregó por «agrandar este mercado de capitales y crear otros propios de la Argentina, con nuestro propio ahorro interno».

De hecho, la «década ganada» deja un total de 23 retiros o cancelaciones contra apenas 12 ingresos.

De esta forma, el total de empresas cotizantes en la Bolsa argentina es el menor de los últimos 40 años: apenas 104 firmas, cuando eran 364 en 1972. Y casi no hay exponentes del negocio sojero, el más rentable de los últimos años.

«Cotizar tiene una serie de costos regulatorios muy altos y obliga a la compañía a tener mucha gente dedicada al compliance con la Bolsa y con el Mercado de Valores, lo que cobra sentido sólo en la medida en que esa tarea le traiga beneficios, como el acceso a fuentes de financiamiento baratas. Esta última condición muchas veces no se da en la plaza local por ser un mercado de escasa liquidez», describe Miguel Boggiano, de Carta Financiera.

«Hoy quedan anotadas unas 100 empresas, pero con cotización efectiva hay apenas 85, el 12% de las que había durante el mandato de Frondizi», dice Luis Varela, de Saberinvertir, para poner en números el achicamiento del mercado. Las razones son variadas: «Parte del problema vino del sector público. El Estado comenzó a financiarse en la Bolsa tomando dinero a través de bonos, lo cual les quitó espacio a los papeles privados. Si a eso sumás la fuerte inflación, políticas cambiarias no sustentables que terminaron achicando la tenencia en dólares de los que pusieron su dinero en pesos en papeles privados. Muchos de ellos, quemados con leche, no volvieron», enumera. «Así llegás a hoy -prosigue-, cuando una de las plazas que estuvieron por entrar entre los 20 principales mercados de capitales del mundo hoy es una plaza fronteriza.»

Federico Agárdy, vicepresidente de Ángel Estrada, coincide con el analista al explicar la situación de la empresa: «En octubre de 2013, el directorio decidió recomendar a los accionistas realizar una oferta pública de adquisición (OPA), porque consideraba que no se habían captado nuevos capitales ni se había logrado el ingreso de un socio estratégico -en condiciones aceptables ni favorables-. Además, siendo una empresa industrial mediana, para mantenerse en el sistema de oferta pública se tienen que afectar importantes recursos económicos, técnicos, humanos, lo que no se justificaba en las actuales circunstancias de mercado».

La salida de Estrada no será mediante una OPA, sino a través de una Declaración Unilateral de Voluntad de Adquisición (DUVA) a los accionistas minoristas. En rigor, significa que la recompra de acciones no se hace con fondos de la sociedad, sino que los deben aportar su dueños. Pero el resultado final será el mismo: otra empresa dejará los listados (aunque tiene previsto seguir participando del mercado mediante la emisión de obligaciones negociables para conseguir capital de trabajo).

Por Javier Blanco  | LA NACION