Antes de comenzar a debatir se leyó una síntesis del escrito de 50 páginas que demoró el inicio y recibió varias quejas. «Se hizo largo, pero no podíamos dejar de leer la síntesis para que todos supieran bien sobre qué estamos discutiendo», explicaron desde el Concejo Provincial de Ordenamiento Territorial (CPOT).

Defensores del agua

Con carteles en la puerta del centro de Congreso y Exposiciones y en los alrededores de la sala de debate, los miembros de las distintas «Asambleas por el Agua» de la provincia marcaron su presencia. Desde que se anunció la audiencia, ellos pidieron la suspensión de la misma, pero como no se les concedió realizaron impugnaciones individuales durante sus exposiciones. «Si hacen lugar y la consideran no válida, tendrá que repetirse», detallaron.

Fabiana Villafañe de la Asamblea de San Carlos fue una de las más fervientes críticas del escrito que se presentó. «Hace dos años que venimos participando y nos encontramos con que el documento preliminar es un engendro que va mutando», aseguró la mujer cuando hizo uso de la palabra.

«Los mismos funcionarios no cumplen por la ley, nos hacen participar, perder tiempo, perder energía y ni siquiera cumplen con los procedimientos. Evidentemente están apurados porque el gobernador les pidió presentar el proyecto el primero de mayo», denunció a la vez que pidió la impugnación.

Si bien en general se mostraron a favor de un ordenamiento, los miembros de la organización que defiende el agua, pidieron que se reinicie todo el proceso. «El proyecto tiene muchas contradicciones, ambigüedades, omisiones y necesita ser revisado exhaustivamente», dijo Carmen Vera, quien propuso que la ley 7.722 sea incluida en el texto como fortaleza y la minería como una amenaza.

Antonela Rinaldi de General Alvear destacó que en el proyecto se menciona la energía nuclear. «Queremos para el futuro una energía que ya se prohibió en otros países. Mejor pongan el dinero en la energía eólica, solar y otras energías sustentables», requirió.

En tanto que Pilar Castilla, del mismo departamento, pidió que Mendoza se declare libre de la fractura hidráulica conocida como fracking. También remarcó que el documento omite la ley de glaciares y la ley de ciudadanía del agua propuesta por Irrigación.

Políticos en contra y a favor

En la jornada también estuvieron presentes los miembros de la UCR y del departamento de Godoy Cruz quienes cuestionaron duramente el plan.

El diputado Tadeo García Salazar expuso que el documento preliminar es de dudosa prospectiva, tiene pocos datos y le falta de criterio para crear una política de estado. «Si bien compartimos buena parte del diagnóstico, creemos que el plan no hace un aporte sustancial para revertir el crecimiento desequilibrado y desordenado que plantea el diagnóstico», aseveró el legislador para quien el plan es inaplicable ya que antes debe discutirse, por ejemplo, la matriz económica de la provincia.

Por su parte, el diputado Omar Sorroche también se sumó a la impugnación de la audiencia. «Vengo a manifestar mi bronca y mi descontento porque acá hay mucho trabajo desperdiciado», aseguró.

Por la comuna de Godoy Cruz, habló Diego Kotlik, director de Planificación Urbana. «El documento se muestra como un híbrido que no alcanza a constituirse como un plan, hay un listado de proyectos sin jerarquización, sin plazos, en fin un conjunto de obras que no contribuyen a la Mendoza del 2030», fueron algunas de sus observaciones.

Como contrapartida los ex titulares de las carteras de ambiente, Marcos Zandomeni y Guillermo Carmona, estuvieron presentes en la audiencia y remarcaron la importancia de que se avance con el plan. También se mostraron a favor los representantes de los ministerios de Turismo y de Deportes y el IPV, así como los expositores de algunos municipios con intendentes justicialistas.

En tanto, José Luis Álvarez, superintendente general de Irrigación, destacó la importancia del ordenamiento para evitar que emprendimientos inmobiliarios avancen sobre las zonas agrícolas.

Mirada técnica

En representación de la UNCuyo, el vicerrector José Rodríguez puso en valor el trabajo de todos los integrantes de las áreas de ciencia y tecnología que aportaron al plan. «Quiero destacar la importancia del plan para la provincia de Mendoza, mucha gente no está observando porque se trata de un proceso inédito», manifestó.

Por su parte, Cristina Barbosa, coordinadora del Instituto de Ciencias Ambientales UNCuyo, elogió el diagnóstico realizado, pero señaló que no se ve reflejado en el plan. Esta opinión fue compartida con María Elina Gudiño, representante del Doctorado en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable.

«El documento adolece de fallas técnicas e incoherencias. Son necesarias varias modificaciones», apuntó la mujer para quien a pesar de todo es fundamental que el plan salga. «Hay muchos intereses en juego y si llegamos a años electorales esto va a quedar en el olvido. Es importante que entre todos saquemos el plan», recalcó.

Aldo Rodríguez Salas, abogado experto en derecho ambiental y Secretario de Investigación y Posgrado de la Universidad de Congreso, puso el foco sobre la mención que tiene el proyecto sobre la modificación de la ley 7.722. «El agua es un derecho humano y suprimir esta ley sólo beneficiaría los intereses económicos», postuló.

Carla Romanello – cromanello@losandes.com.ar