Llamó a revocar el fallo de Servini y dijo que la reforma desalienta «intereses corporativos»

La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, en su carácter de fiscal ante la Corte Suprema, dictaminó ayer en favor de la reforma del Consejo de la Magistratura aprobada a instancias de la Casa Rosada y pidió revocar la sentencia de primera instancia que la había declarado «inconstitucional».

Según Gils Carbó, la modificación en la composición del Consejo y la elección de sus miembros por el «voto popular» no sólo no es inconstitucional, sino que también reglamenta la carta magna «de un modo más coherente con nuestro compromiso constitucional democrático y dando una respuesta adecuada a la demanda social de incrementar la participación ciudadana en los órganos de gobierno».

De acuerdo con la procuradora, la reforma desalienta «intereses corporativos» y promueve la participación de toda la ciudadanía, tal como lo exigen los tratados internacionales.

Ahora, la Corte Suprema quedó en condiciones de resolver en este caso. Prometió hacerlo lo más rápido posible y se espera que dicte su sentencia en las próximas horas.

El martes pasado, María Servini de Cubría había declarado inconstitucional la nueva composición del Consejo que prevé la reforma y la dejó sin efecto. Sostuvo que el incremento en el número de académicos provoca un desequilibrio en el Consejo y que la forma de elegir a los consejeros jueces y abogados contraría la carta magna. Según Gils Carbó, todo ello es falso. A su juicio, es positivo que haya más consejeros académicos y científicos porque ellos «son más sensibles al sentido común del ciudadano lego en ciencias jurídicas».

Además, la procuradora sostuvo que no hay fundamentos para afirmar que la elección a través de los partidos políticos vaya a afectar la independencia judicial. Para ella, es sólo una «conjetura». Gils Carbó alegó que «no se exige a los jueces afiliarse a un parido político ni desempeñar cargos partidarios».

Afirmó asimismo que el equilibrio que exige la Constitución está garantizado porque «ninguno de los estamentos», ni los legisladores ni los jueces ni los abogados, «puede por sí solo hacer prevalecer su voluntad».

En su dictamen, de 22 páginas, Gils Carbó pidió a la Corte que revoque los fallos de Servini de Cubría que declararon la inconstitucionalidad de la reforma y frenaron las elecciones de jueces y abogados, previstas para el 11 de agosto, en las primarias. Según la procuradora, las tesis de las sentencias de Servini están «dirigidas a proscribir la participación ciudadana».

Otro argumento de Gils Carbó en favor de la reforma fue el funcionamiento, deficiente, que tuvo hasta ahora el Consejo. «No logró satisfacer las expectativas sociales que llevaron a su creación», afirmó. Dijo que en 2012 «sólo se realizaron doce reuniones de la Comisión de Selección, se convocaron seis concursos y únicamente se remitieron ternas al Poder Ejecutivo con respecto a dos concursos». También relató que «en ese período, la Comisión de Acusación sólo sesionó once veces y no formuló ninguna acusación».

La inactividad del Consejo, que Gils Carbó expone como un argumento en favor de la reforma, fue motivo de críticas al oficialismo: tanto la Comisión de Selección como la de Acusación son presididas por el kirchnerismo, que tiene mayoría en ambas.

En defensa de la nueva ley, la procuradora afirmó que los constituyentes delegaron en el Congreso tanto la conformación del Consejo como el modo de elegir a sus integrantes. Según Gils Carbó, la crítica a la reforma «arrastra consigo una visión más restringida de la democracia» y «se funda en la representación de intereses sectoriales» de «jueces y abogados». La ley, agregó, «adopta una concepción de la democracia más vinculada con la pretensión de una ciudadanía políticamente activa».

Fuente: Por Paz Rodriguez Niell  | LA NACION